El Consejo de Ministros ha adoptado hoy el «paquete de ciudadanía», un conjunto de medidas legislativas propuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para reformar la disciplina en materia de ciudadanía. El objetivo de las medidas adoptadas hoy es mejorar el vínculo efectivo entre Italia y los ciudadanos en el extranjero. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, aclaró que «el principio del ius sanguinis no se perderá y muchos descendientes de emigrantes podrán seguir obteniendo la ciudadanía italiana, pero se establecerán límites precisos sobre todo para evitar abusos o fenómenos de «comercialización» de pasaportes italianos. La ciudadanía debe ser un asunto serio».
De hecho, los países de mayor emigración italiana han tenido un fuerte aumento en el reconocimiento de la ciudadanía en los últimos años. Desde finales de 2014 hasta finales de 2024, el número de ciudadanos residentes en el extranjero aumentó de unos 4,6 millones a 6,4 millones: un aumento del 40% en 10 años. Hay más de 60.000 procedimientos legales pendientes para la verificación de la ciudadanía.
Por ejemplo, Argentina pasó de alrededor de 20.000 en 2023 a 30.000 premios al año siguiente. Brasil pasó de más de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado. Venezuela tuvo casi 8.000 premios en 2023. Los italianos en el mundo que podrían solicitar el reconocimiento de la ciudadanía con la ley vigente son potencialmente entre 60 y 80 millones.
La reforma liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, en la medida en que puedan dedicarse exclusivamente a quienes tienen una necesidad real, en virtud de su vínculo concreto con Italia. El sistema actual repercute en la eficiencia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, presionadas por quienes van a Italia solo en un intento de acelerar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía, alimentando también el fraude o las prácticas desleales.
Para lograr este objetivo, se procede en dos fases: unas normas entran en vigor inmediatamente con un decreto-ley y, posteriormente, se procede a una reforma orgánica de los requisitos y procedimientos sustantivos en el ámbito de la ciudadanía.
El decreto-ley aprobado hoy establece que los descendientes de italianos nacidos en el extranjero serán automáticamente ciudadanos solo por dos generaciones: solo aquellos que tengan al menos un padre o abuelo nacido en Italia serán ciudadanos desde el nacimiento.
En la segunda fase, con un primer proyecto de ley (también aprobado hoy), se introducen nuevos y más profundos cambios sustanciales en la ley de ciudadanía. En primer lugar, los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero están obligados a mantener vínculos reales con nuestro país a lo largo del tiempo, ejerciendo los derechos y deberes del ciudadano al menos una vez cada veinticinco años.
La reforma se completa con un segundo proyecto de ley que también revisa los procedimientos para el reconocimiento de la ciudadanía. Los residentes en el extranjero ya no acudirán a los consulados, sino a una oficina especial centralizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Habrá un período de transición de aproximadamente un año para la organización de la oficina. La intención es hacer que los procedimientos sean más eficientes, con evidentes economías de escala. Los consulados tendrán que centrarse en prestar servicios a los que ya son ciudadanos y ya no en «crear» nuevos ciudadanos.
Por último, la medida contiene otras medidas para mejorar y modernizar la prestación de servicios: legalizaciones, registro civil, pasaportes, cédulas de identidad válidas para la expatriación. Además, se prevén medidas organizativas para poner la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores cada vez más al servicio de los ciudadanos y las empresas.